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BAJO FUEGO | ❍ Las andanzas del fiscal


BAJO FUEGO

Las andanzas del fiscal

[Por José Antonio Rivera Rosales]

El fiscal es, como dicen en el argot popular, un chivo en cristalería.

Su conducta y palabras tan chabacanas serían de risa loca si no encerraran una realidad dramática para miles de familias guerrerenses que sufren un grave déficit de justicia, especialmente en materia de justicia penal.

Xavier Olea Peláez, el fiscal general de Guerrero, parece haber cometido un exabrupto que generó incomodidad y enojo en las Fuerzas Armadas en particular, que de manera inusitada marcaron distancia de las “desafortunadas declaraciones” de este servidor público, cuyas afirmaciones fueron vistas como políticamente incorrectas por el gabinete de seguridad nacional.

Con todo, en su esencia esas afirmaciones contienen una cierta dosis de verdad, en especial cuando Olea definió la conducta que caracteriza a las instituciones de procuración de justicia: de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo que aloja a “ratotas”, mientras que a la Fiscalía General del Estado (FGE), que él mismo encabeza, la determinó como una “cueva de Alí Babá”.

A los militares les dijo que sólo se dedican a patrullar la Costera Miguel Alemán, donde “no pasa nada” y los instó a subirse a las colonias situadas arriba de la avenida Cuauhtémoc, para bajar a los bandidos que en ellas pululan.

Naturalmente que esas caracterizaciones causaron un murmullo y algunas risas entre los acasocios, ante los que disertó la semana pasada, pero generó enojo entre los mandos de las Fuerzas Armadas. Y con justa razón.

No sólo eso: Olea Peláez descalificó el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) que entrará en vigencia a partir del próximo mes de junio, del cual dijo que ya demostró su fracaso en otros países como Argentina y Chile.

En primera instancia los comentarios provocaron un deslinde obligado de su jefe político (aunque la Fiscalía disfruta de una relativa autonomía, sigue encuadrada como una institución del estado), el gobernador Héctor Astudillo, quien fue el primero que se desmarcó de esas declaraciones disruptivas.

Mediante un cuidadoso comunicado, el mandatario estatal ofreció su respaldo a las Fuerzas Armadas y ponderó positivamente el Nuevo Sistema de Justicia Penal basado en los juicios orales, en los que el gobierno de la República trabaja desde 2008 en que se decidió instaurar en México este nuevo modelo de justicia.

Pero el meollo del asunto no es la conducta dicharachera del fiscal, sino el trasfondo subyacente que, en los hechos, es el verdadero problema: la corrupción.

Como bien dice el fiscal, efectivamente contamos con un sistema de seguridad y justicia -prevención de la violencia, persecución del delito e impartición de justicia- bastante deficitario tanto en su rendimiento como en sus modalidades o expresiones, que con frecuencia son neutralizadas por una corrupción galopante.

Ya antes el mismo servidor público había advertido que la Fiscalía, como institución, estaba colapsada, pero al parecer pocos entendieron el sentido de su advertencia. Se trata de que la FGE es una instancia simplemente rebasada por la delincuencia -especialmente por los delitos de alto impacto-, tanto en el combate físico contra el crimen como en sus procedimientos jurídicos para llevar a los imputados ante la justicia.

Con menos de dos mil agentes ministeriales, la Fiscalía está imposibilitada para perseguir a la delincuencia y, para agravar las cosas, una porción indeterminada de su personal está cooptada por el crimen organizado. Vistas así las cosas, la FGE es parte del problema, no parte de la solución.

¿Qué es lo que habrá que hacer para sacar a la Fiscalía de su marasmo? Aquí algunas sugerencias:

•         Dotar a la FGE de autonomía presupuestal. Es un primer paso obligado del gobierno que encabeza Héctor Astudillo. Asignar a la Fiscalía un presupuesto amplio y suficiente permitiría a esa institución sentar bases científicas y operativas para su desarrollo en beneficio de la población.

•         Contratar una nueva generación de agentes ministeriales, con preparación profesional y nuevos enfoques de trabajo, que permita ampliar el Estado de Fuerza por lo menos a unos 5 mil agentes operativos. Es decir, algo parecido a lo que está haciendo en la Secretaría de Seguridad Pública el general Pedro Almazán Cervantes, quien está enfocado en construir una fuerzas de 15 mil hombres que le permitan al estado combatir la violencia con una relativa suficiencia.

•         Construir una fuerza de despliegue rápido, que permita a la FGE responder con rapidez y eficiencia a los constantes episodios de violencia armada que se suceden en zonas alejadas.

•         Terminar de construir un verdadero servicio de inteligencia (ya hay un responsable en el tema) para sistematizar la información policial en un contexto que permita resultados expeditos y sólidos para fortalecer el sistema de justicia guerrerense.

•         Construir un sistema de transparencia y rendición de cuentas al interior de la Fiscalía, con el fin de supervisar el uso de los recursos, las operaciones de persecución del delito y sancionar los desvíos.

Pasado el episodio anecdótico generado por el fiscal, habrá que reflexionar seriamente sobre el tema para generar mejores condiciones de combate a la violencia, en coordinación con las Fuerzas Federales, en bien de la ciudadanía. Esperemos que las corporaciones de seguridad enfilen sus baterías en esa dirección.


[Usted acaba de leer un artículo de opinión cuyo contenido refleja el punto de vista del autor.]
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