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CONTEXTO POLÍTICO | ❍ ¿Quiénes lucran con el Caso Iguala?


CONTEXTO POLÍTICO

¿Quiénes lucran con el Caso Iguala?

[Por Efraín Flores Iglesias]

Se entiende que los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, siguen esperanzados de que sean encontrados vivos. No así los estudiantes de Ayotzinapa, integrantes de la Coordinara Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y algunas organizaciones sociales, que lo único que les importa es causar desmanes y lucrar en su memoria.

Ya pasaron casi 18 meses de que policías municipales de Cocula e Iguala, así como sicarios del grupo delictivo “Guerreros Unidos” los desaparecieron.

Las autoridades han señalado que los normalistas fueron incinerados. La mayoría coincide que ya no están con vida, que murieron la misma madrugada del 27 de septiembre.

El padre Alejandro Solalinde fue el primero que lo dijo y causó polémica.

“Ojalá me demostraran que soy un mentiroso, que los estudiantes normalistas están vivos, pero sé de una fuente confiable que no será así”, aseguró en entrevista al diario El Universal, el viernes 17 de octubre de 2014.

El sacerdote se entrevistó con algunos de los policías y sicarios de Guerreros Unidos detenidos, quienes confesaron haber participado en la muerte de 3 normalistas, un taxista, un joven del equipo de futbol “Los Avispones” y una mujer, así como de la desaparición e incineración de los 43.

A algunos incomodó esa versión y la descalificaron, principalmente los familiares de los normalistas y algunos organismos de derechos humanos, como Tlachinollan, que dirige el antropólogo Abel Barrera Hernández.

Cada vez que las autoridades informan de algunos avances en las investigaciones, inmediatamente es refutada por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI).

El GIEI surge del acuerdo formalizado entre la CIDH, los representantes de las víctimas de Ayotzinapa y el Estado mexicano el 18 de noviembre de 2014 con la finalidad de proporcionar asistencia técnica para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa; así como las investigaciones y acciones que se adopten a fin de sancionar a quienes resulten responsables y, de igual forma, otorgar asistencia a los familiares de los estudiantes.

Por cierto, a los mexicanos nos sale caro pagarles a los integrantes del GIEI. ¡Sopas, perico!

Un reporte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) detalla que del millón de dólares que el Estado mexicano les pagó por 6 meses, cada uno se embolsó 48 mil; es decir, cerca de 136 mil pesos al mes.

El salario de los investigadores sobre el caso Iguala es cinco veces más de lo que gana un perito de la PGR; también supera al del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y algunos gobernadores del país.

El diario La Razón de México dio a conocer dicha información el pasado 17 de marzo, argumentando que cuenta con una copia de un reporte de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Organización de la OEA sobre los gastos del GIEI para el caso Iguala.

En el documento de cuatro páginas y número de folio SAF/N09-15, fechado el 3 de noviembre de 2015, se detalla que el contrato de los integrantes del grupo de expertos es por 240 mil dólares, que al tipo de cambio de ese entonces (17 pesos promedio) eran unos cuatro millones 80 mil pesos.

Dividido entre los cinco integrantes del equipo, la cantidad que cobró cada uno por su primer periodo de seis meses de la investigación del caso Iguala fue de 816 mil pesos, equivalente a 136 mil pesos al mes.

Además, refiere La Razón de México, “del mismo millón de dólares que le entregó México a la CIDH, se presupuestó para viajes de los expertos 224 mil 702 dólares (tres millones 819 mil 934 pesos), de los cuales 134 mil 826 dólares (dos millones 292 mil 42 pesos) fueron sólo para viáticos.

“Los gastos por concepto de Servicios fueron 30 mil dólares (510 mil pesos), mientras que por el contrato para la facilitadora operativa y Enlace de Prensa en México, 36 mil 100 dólares (613 mil 700 pesos), y el Contrato Apoyo Logístico-Washington costó 35 mil 200 dólares (598 mil 400 pesos).”

Cabe destacar que el GIEI está integrado Ángela María Buitrago, abogada colombiana; Claudia Paz y Paz, exfiscal general de Guatemala; Carlos Martín Beristain, coordinador del informe “Guatemala: nunca más”; Francisco Cox, abogado chileno, y Alejandro Valencia, litigante colombiano.
Además, hay evidencias que algunos integrantes del GIEI tienen antecedentes negativos por encubrir actos de corrupción y enfrentan denuncias en sus respectivos países. ¡Zas!

Los cetegistas y los alumnos de Ayotzinapa tampoco cantan mal las rancheras.

Durante el gobierno de Rogelio Ortega Martínez fueron consentidos de varias maneras. Incluso, la CETEG se fraccionó. El grupo de Ramos Reyes Guerrero fue denunciado de haber pactado con Ortega Martínez a cambio de prebendas. También han pedido su destitución como secretario general de la CETEG.

Asimismo, nadie olvida que los estudiantes de la generación “Sangre, resistencia y esperanza” que egresaron el año pasado en la Normal de Ayotzinapa recibieron del gobierno del estado más de un millón de pesos para subsidiar el festejo y comprar trajes, anillos y regalos.

Y conste, fue el propio Rogelio Ortega quien reveló tal situación en su cuenta de Twitter, en donde se atrevió a decir que “era un orgullo apadrinarlos” y que además “había conseguido 50 millones para Ayotzinapa”.

A los cetegistas, normalistas de Ayotzinapa, organizaciones sociales y algunas agrupaciones de derechos humanos les debería de dar vergüenza lucrar con la memoria de los 43 desaparecidos.

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