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¿Nombres, nombres

[Por Moisés Sánchez Limón]

En aquellos días del partido hegemónico los gobernadores asumían una disciplina prácticamente draconiana frente al Presidente de la República. Era una regla no escrita que su presente y futuro dependía del visto bueno del fiel de la balanza en turno.

En el país no se movía una hoja de órdenes en los niveles estatal y municipal sin consulta previa en la oficina principal de Palacio Nacional y Los Pinos. La caída de gobernadores, bajo el eufemismo de “motivos de salud”, se entendía públicamente como la defenestración de aquel gobernador cuyos excesos personales ponían en riesgo la estabilidad del Pacto Federal y la estabilidad política nacional.

Sin duda, frente a acontecimientos en gobiernos actuales como los de Veracruz, Morelos, Oaxaca, Puebla, Chihuahua, Tamaulipas y Quintana Roo, evidencian un manto protector tendido desde Los Pinos sobre estos personajes cuya postura de soberbia los instala dueños absolutos de ínsulas de poder.

Un caso ejemplar de impunidad prohijada por esa protección es el del ex gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien de plano se ausentó de la vida pública una vez que familiares y socios suyos fueron encarcelados, acusados de malversación de fondos federales.

Pero, ¿por qué no se le procesó penalmente por su evidente y fundamentada participación en los hechos de Iguala, con la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa?

Aguirre Rivero presumió su amistad con Enrique Peña Nieto; fotos de ambos en un brindis, durante la celebración de un cumpleaños del guerrerense, casualmente inundaron las redes sociales, apenas estallado el escándalo de Iguala, que se ha convertido en algo más que un dolor de cabeza para el Presidente de la República.

Y el ex gobernador, por lo menos en el sexenio que corre, puede sentirse a salvo de cualquier acción de la justicia. Por menos de lo que se conoció en su momento, Aguirre Rivero habría sido sometido a proceso de desafuero y enjuiciado penalmente.

Porque, salvo que haya sido un gobernador de opereta, el guerrerense habría desconocido lo que ocurría en el estado y en su equipo de colaboradores, por supuesto lo que acontecía en municipios como Iguala bajo el control del crimen organizado.

¿Quién protege y por qué a Ángel Heladio? Vox populi pregunta si acaso por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, en privilegio de la amistad se evitó actuar en contra de Aguirre Rivero, o de plano éste no tuvo nada que ver con lo que pasó en Iguala.

Hay tantas versiones que involucran al hoy ex gobernador con aquellos hechos, que parece un despropósito político la ausencia de una averiguación previa contra este personaje cuya comparecencia frente a un grupo de diputados federales en la pasada Legislatura, fue como cerrar el libro y dar por sentado que se le exoneró.

En esos linderos transita el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, donde el crimen organizado es el poder fáctico imbatible y el manejo discrecional de recursos públicos advierte la creación de nuevos millonarios, entre ellos el propio gobernador. Hay verdadera crisis social en aquella entidad en la que levantar y asesinar a periodistas alienta impunidades.

¿Quién protege a Duarte? Porque, mire usted, por lo menos en las dos más recientes ocasiones en las que el gobernador veracruzano ha sido llamado a la Secretaría de Gobernación, la versión ha referido la solicitud de que se vaya, pida licencia y deje de enturbiar el panorama electoral.

Por el bien de Veracruz, los veracruzanos y la salud del Pacto Federal, Duarte debía haberse ido desde hace rato. Pero no. Dice que se irá hasta diciembre, cuando concluya su gestión y, en el símil de la campaña emprendida por los publirrelacionistas de Aguirre Rivero, inunda las redes sociales con fotos de él y el presidente Peña Nieto.

¿A ambos los ha protegido el Presidente? Sin una elemental declaración, de su área de comunicación, que ponga a salvo la imagen e investidura presidencial, estos pillastres investidos con poder público involucraron e involucran al mandatario y atizan la hoguera en la que los malquerientes de Enrique Peña Nieto han prendido para colgarle responsabilidades de toda índole.

Porque, a reserva de una mejor opinión, en los tiempos que corren es práctica elemental que los gobernadores cuestionados divulguen plática con el jefe del Ejecutivo Federal o paguen fotos en los llamados “medios nacionales” en la que aparecen sonrientes y a punto de partir el turrón con Enrique Peña Nieto.

Rafael Moreno Valle Rosas, en aras de apisonar su camino rumbo a la sucesión presidencial, es uno de estos gobernadores que presume amistad y cercanía con el Presidente de la República. Y pocos cuestionan su administración llena de actos de poder.

Por ello, cierta o no la paternidad de Joaquín El Chapo Guzmán Loera con Rosa Isela Guzmán, lo cierto es que la señora que vive en Estados Unidos, le puso el cascabel al gato de forma tal que, en la familia política, unos la cuestionan y desmienten mientras otros se basan en sus declaraciones para demandar nombres de aquellos políticos y gobernantes con los que el capo hizo acuerdos para financiar sus campañas a cambio de protección e impunidad, incluso para su fuga de la prisión del Altiplano.

¿Por cuáles estados de la república pasa la ruta del trasiego de drogas y el actuar libre del crimen organizado? Lo declarado por la señora Rosa Isela Guzmán cumplió su cometido: un flanco más que la administración de Peña Nieto debe atender mientras todo el mundo se apunta para la sucesión presidencial. ¿Proteger a los amigos? Como para qué. Digo.
LUNES. Las dos entrevistas concedidas por el presidente Enrique Peña Nieto, en un primer vistazo, transitan por los lugares y temas comunes. Nada nuevo. Oportunidad desaprovechada. Conste.

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