ENTRESEMANA
❍ Pasto seco
Explicar las
causas por las que se liberaron los precios de combustibles y energía
eléctrica, es un tarea que se soslayó, quizá en la apuesta de que el anuncio
ocurriría en periodo vacacional y, sobre todo, cuando la mayoría de los mexicanos
tiene dinero en la bolsa y se dispone al festejo y el gasto sin freno. Total.
El
riesgo, empero, es la reacción social y la aparición de los pescadores a río
revuelto, los oportunistas que desde el inicio de la gestión de Enrique Peña
Nieto, el 1 de diciembre de 2012, pretendieron la represión para calificar al
gobierno entrante como represor e incluso asesino.
Casualmente,
esos epítetos los repiten aquellos que, extrañamente y en contraste con su
condición socio económica, cuentan con recursos suficientes para viajar a
Europa e incluso Oriente y manifestarse en pequeños grupos contestatarios para
descalificar al Presidente y gritarle “¡asesino!”.
Qué
intereses hay atrás de esos personajes que se autodenominan anarcos o
simpatizantes de luchas sociales que, encapuchados, vandalizan, queman y
saquean lo mismo inmuebles públicos que de propiedad privada sin que la
autoridad se decida a detenerlos y, cuando lo hace, éstos no duran mucho en
prisión. Son liberados y vuelven a la calle con la misma instrucción de generar
miedo entre la población.
Son
vándalos que se montan en la cresta de una situación de crisis para empujar al
Estado rumbo al desprestigio internacional, retándolo a que reprima e incluso
mate y estos sedicentes inconformes sociales tengan el pretexto de la víctima
para tomar las calles y delinquir impunemente. Pero, ¿quién está atrás de
ellos?
Por
supuesto el aumento de precios e impuestos no es una medida popular. A nadie le
gusta pagar más impuestos. El punto es cómo y dónde se demuestra esa inconformidad.
¿Con movilizaciones en las que se infiltran delincuentes que logran
descalificar, ante la opinión pública, a protestas fundamentadas y pacíficas?
El
de la liberación de precios para dejarlos al libre mercado de la oferta y la
demanda, por mucho que un órgano oficial se encargue de fijarlos diariamente,
no es un tema que agrade a la mayoría de los mexicanos que, por cierto, no han
protestado contra el aumento de bienes y servicios del gobierno de la Ciudad de
México.
El
caso es que, al lado de la justa inconformidad social que cierra vialidades y
accesos a las gasolinerías, aparecen provocadores dispuestos a generar
violencia y represión.
Ejemplo
de ello, es la detención de un grupo de provocadores infiltrados en una
protesta, ayer martes, frente a una estación expendedora de gasolina, que iban
armados con petardos dispuestos a estallarlos en ese sitio de alto riesgo.
Será
interesante que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera, o alguno de sus subalternos informe qué ha pasado con estos
provocadores y se les aplique la ley sin medianías, pero en especial que digan
quién los contrató y cuánto les pagó para generar violencia en una protesta
social pacífica.
Porque,
mire usted, mientras la bancada del PRD en la Cámara de Diputados anuncia que,
ante la Comisión Permanente, presentará una iniciativa para detener el
incremento en los precios de las gasolinas y el diésel en el país, hay
barruntos de violencia porque no es lo mismo protestar con pancartas que cerrar
accesos a gasolinerías y el paso en autopistas. O robarse el combustible.
Dice
el coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, que se
propondrá modificar la Ley de Ingresos vigente, para dar marcha atrás a la
liberalización de los precios de los combustibles.
Y
el vicecoordinador de la bancada perredista, Jesús Zambrano Grijalva, anuncia
la presentación de un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a que
detenga de inmediato, mediante un decreto presidencial, la puesta en marcha de
incremento de precios de las gasolinas, que ha provocado la creciente protesta
social.
Mas
no hay una línea que condene las expresiones violentas en los plantones y
marchas contra la liberalización de los combustibles. Y, dígame usted, de qué
servirá que los secretarios de Hacienda y de Energía, además del responsable de
la Comisión Reguladora de Energía y del director de Pemex, comparezcan en la
Cámara baja, dizque para explicar el incremento de los combustibles, así como
el desabasto de gasolinas en distintas regiones del país.
Los
funcionarios repetirán que es una medida necesaria, pero se olvidarán de
aquellos que protestan y seguramente irán al Palacio Legislativo de San Lázaro,
a protestar contra ellos.
Bien
por esa pérdida de tiempo, porque la decisión está tomada y no hay marcha
atrás. El riesgo, reitero, es que las protestas se desborden e infiltrados como
los detenidos en la colonia Federal que estaban dispuestos a provocar
represión, logren su objetivo.
El
país, como se ha visto, es pasto seco que puede incendiarse con la mínima
chispa. Seamos serios. Que las instancias relacionadas con el tema, asuman su
responsabilidad y dejen de ver hacia el 2018 y atiendan estos que
paulatinamente pasan de ser barruntos de ingobernabilidad para convertirse en
un verdadero campo de batalla que no dejará perdedores ni victoriosos, simplemente
víctimas de una crisis. Conste.
sanchezlimon@gmail.com
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@msanchezlimon
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autor.]
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